Santo Domingo — En momentos en que un video del vocero del bloque de senadores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Iván Lorenzo —donde calificaba al actual Gabinete de Salud como una “vergüenza nacional”— se ha viralizado nuevamente, la crisis en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) sacude el país con acusaciones concretas de corrupción, desfalco y sobornos masivos.
El escándalo de SeNaSa
• El Ministerio Público (MP), a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), ha sometido formalmente a diez personas a la justicia por su presunta participación en un entramado de corrupción que habría defraudado al Estado dominicano por más de RD$15,000 millones.
• Entre los detenidos figura el exdirector ejecutivo de SeNaSa, Santiago Hazim Albainy, además de exgerentes, exconsultores jurídicos, proveedores y empresarios vinculados al sector salud.
• Las imputaciones incluyen cargos como coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa al Estado, desfalco, falsificación de documentos, uso de documentos falsos y lavado de activos.
Modo de operación de la supuesta red
Según la investigación, la estructura operaba con un sistema sofisticado de corrupción administrativa: facturación falsa masiva, creación de “programas especiales” para sobornos, uso de empresas ficticias o “fachada”, contratos fraudulentos con clínicas o prestadores sin habilitación, y manipulación contable —incluyendo alteración de bordereaux, emisión de facturas por servicios nunca prestados, sobrefacturación de tratamientos, e incluso pagos por servicios a personas fallecidas.
Este entramado, según el MP, habría servido para extraer fondos destinados a la salud pública y canalizarlos hacia cuentas vinculadas a los imputados, socavando la capacidad operativa de SeNaSa.
Medidas judiciales y estado actual del proceso
• En una audiencia realizada recientemente, el Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva para los diez imputados, alegando el riesgo de obstaculización de la justicia y la magnitud del daño.
Se pidió también que el caso sea declarado de tramitación compleja, dada la cantidad de imputados, pruebas documentales, y el volumen de operaciones que requieren análisis detallado.
El expediente del MP, que incluye cientos de páginas con documentación, facturas, contratos, testimonios y seguimientos financieros, forma la base del proceso judicial en curso.
El video de Iván Lorenzo, originalmente grabado el 30 de junio de 2021 cuando se discutía la aplicación de una tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus, ha resurguido en redes justo cuando la opinión pública exige explicaciones sobre el saqueo a SeNaSa. En ese momento, Lorenzo definió al Gabinete de Salud como una “vergüenza nacional”. Esa frase hoy resuena con fuerza, dado el contexto de corrupción y desfalco que afecta una institución clave para la salud pública.
El caso SeNaSa se ha transformado en uno de los mayores escándalos de corrupción del sistema de salud pública dominicano. Con una pérdida estimada en más de RD$15,000 millones y un proceso judicial en marcha, el país exige transparencia, rendición de cuentas y medidas que garanticen justicia. La viralización del video de Iván Lorenzo añade una dimensión política y simbólica al reclamo de la sociedad.
Autor
