Yojanny Hernandez
SANTO DOMINGO.- El movimiento gremial advirtió que ha llegado el momento de poner fin a lo que calificó como una prolongada espera y reclamó acciones concretas para garantizar la institucionalidad y transparencia del proceso.
La organización sostuvo que el presidente del CARD debe convocar, junto al Consejo Nacional de la Abogacía, los mecanismos necesarios para encaminar la escogencia de la Comisión Nacional Electoral. Según planteó la Convergencia 2026-2029, dicha comisión debió ser seleccionada en febrero, pero hasta la fecha no existen señales de una convocatoria formal que permita establecer el calendario y las condiciones para la celebración de las elecciones internas.
Ante esta situación, la Convergencia anunció la puesta en marcha, a partir de este martes, de una iniciativa de presión institucional y otorgó un plazo de cinco días francos para que el presidente del gremio adopte las medidas correspondientes. El reclamo, precisó, no se limita a una convocatoria dirigida exclusivamente a sus integrantes, sino que procura involucrar a la comunidad jurídica nacional y a las distintas instituciones gremiales vinculadas al ejercicio del Derecho.
El objetivo, según explicó la organización, es propiciar un encuentro amplio que permita escoger una Comisión Nacional Electoral consensuada, profesional, honorable y revestida de moralidad e independencia. La Convergencia 2026-2029 considera que la conformación de ese órgano constituye un paso esencial para recuperar la confianza de los abogados y garantizar que el proceso electoral del gremio se desarrolle bajo principios de transparencia, legitimidad e institucionalidad.
Con este ultimátum, los juristas buscan colocar el proceso electoral del Colegio de Abogados en el centro del debate jurídico nacional y demanda que las autoridades gremiales respondan con hechos ante lo que considera un retraso injustificado. La organización dejó claro que, vencido el plazo establecido, evaluará las acciones que correspondan para exigir el cumplimiento de los procedimientos institucionales y defender el derecho de la comunidad jurídica a contar con un proceso electoral legítimo y transparente.
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