Por EFE
Moscú.- La comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia, María Lvova-Belova, sobre la que pesa una orden de arresto de la Corte Penal Internacional por la deportación ilegal de menores ucranianos, dijo hoy que Rusia está tramitando 32 solicitudes para devolver niños de esa nacionalidad a sus hogares.
En una rueda de prensa en el Ministerio de Exteriores, Lvova-Belova sostuvo que Rusia ha creado un canal de comunicación con Ucrania para reunir a los niños ucranianos con sus familias y que también el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ayuda a procesar las solicitudes «rápidamente».
La comisionada rusa, que adoptó ella misma un niño ucraniano, sostuvo que el «flujo de información a través de este canal es pequeño», ya que hasta ahora se han recibido únicamente 32 solicitudes.
Según las autoridades ucranianas, se han documentado unos 16.000 casos de menores que han sido trasladados a zonas bajo control ruso o a Rusia misma, aunque aseguran que la cifra podría ser mucho mayor.
De acuerdo con Lvova-Belova, «no hay decenas, ni mucho menos cientos de miles de niños deportados y detenidos en Rusia».
Aseveró que la información sobre los niños a menudo proviene de diferentes fuentes y resulta poco fiable.
Para los casos confirmados existe un algoritmo de retorno bien desarrollado, aseguró.
«En uno o dos meses normalmente es posible llegar a un acuerdo sobre todas las cuestiones. En el marco de la interacción con la parte ucraniana, las fronteras ruso-letona y ruso-estonia se utilizan con mayor frecuencia para la reunificación familiar», sostuvo.
Según sus datos, hasta la fecha, con la participación directa de la Oficina de la Defensora del Pueblo, 35 niños de 24 familias se han reunido con sus familiares en Ucrania y otros países.
La Corte Penal Internacional (CPI) dictó una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladímir Putin, como «presunto responsable» de la deportación ilegal de niños y su traslado de zonas ocupadas en Ucrania hacia Rusia, lo que supone un crimen de guerra.
También emitió una orden similar contra la comisionada para los Derechos del Niño en Rusia.