Redaccionando Economía. A partir del 1 de noviembre habrá un cambio que, aunque puede parecer estrictamente administrativo, toca una de las operaciones más básicas de cualquier negocio: la forma en que se emiten y reciben las facturas.
Desde esa fecha, los contribuyentes clasificados por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) como Grandes Locales y Medianos deberán emitir exclusivamente facturas electrónicas, mediante comprobantes fiscales electrónicos (e-CF) tipo “E”.
Esto significa que las secuencias de comprobantes fiscales no electrónicos tipo “B” que tienen asignadas estos contribuyentes dejarán de ser válidas después del 31 de octubre. A partir de entonces, solo podrán utilizarse en situaciones de contingencia declarada y bajo las condiciones establecidas en el Reglamento 587-24.
La medida forma parte de un proceso más amplio con el que República Dominicana busca llevar el sistema tributario hacia un modelo en el que las operaciones comerciales queden registradas digitalmente y puedan ser transmitidas a la administración tributaria.
¿Qué significa en la práctica?
Para una empresa alcanzada por la disposición, facturar ya no será simplemente imprimir un comprobante, entregárselo al cliente y conservar una copia. La operación pasa a un sistema electrónico en el que el comprobante fiscal se genera en formato digital y se remite a la DGII bajo las reglas establecidas para los e-CF.
La diferencia no está únicamente en que desaparezca el papel. El cambio permite que la información de las operaciones comerciales sea manejada de manera más estandarizada y con mayor trazabilidad, lo que modifica también la forma en que las empresas organizan sus procesos administrativos y tributarios.
Para los negocios obligados, por tanto, la transición implica adecuar sus sistemas de facturación, procesos internos y herramientas tecnológicas antes de que llegue la fecha límite.
La DGII informó que actualmente existen 190 proveedores de servicios de facturación electrónica autorizados en el país, con distintas soluciones tecnológicas para que los contribuyentes puedan realizar la implementación.
Un cambio que ya está en marcha
La entrada de los Grandes Locales y Medianos en esta etapa no representa el comienzo de la facturación electrónica en el país. El proceso lleva varios años y forma parte de la implementación de la Ley 32-23 y su Reglamento 587-24. Los números muestran hasta dónde ha avanzado.
La DGII informó que al 17 de agosto había recibido más de 2,000 millones de comprobantes fiscales electrónicos y que el 72 % de los comprobantes fiscales recibidos durante los primeros seis meses de 2026 correspondió a facturas generadas electrónicamente.
Además, más de 80,000 contribuyentes ya estaban autorizados como emisores electrónicos.
En otra actualización, la institución había reportado que al 1 de julio se habían emitido satisfactoriamente más de 1,859 millones de e-CF y que los contribuyentes registrados como emisores electrónicos habían pasado de 23,686 en enero a 76,762 en julio.
Es decir, la factura electrónica dejó de ser una herramienta utilizada por un grupo reducido de empresas y se encamina a convertirse en la forma habitual de documentar las operaciones comerciales en el país.
¿Y qué pasa con los pequeños negocios?
La implementación no ocurre para todos los contribuyentes al mismo tiempo. La DGII recordó que los contribuyentes clasificados como Pequeños, Micros y No Clasificados cuentan con una prórroga cuyo plazo para completar la implementación vence el 15 de noviembre de 2026.
Esto significa que el proceso continuará extendiéndose progresivamente hasta alcanzar a los distintos grupos establecidos en el calendario de implementación.
Para las empresas que todavía no han completado el proceso, el mensaje es sencillo: no se trata únicamente de adquirir un programa para emitir facturas. También deben adecuar sus procesos y cumplir con los requerimientos establecidos por la administración tributaria.
Más información para la DGII, menos manejo manual para las empresas
Uno de los cambios de fondo está en la cantidad y calidad de información que puede manejar la administración tributaria. Con un sistema electrónico, la información de las operaciones se genera en un formato estandarizado y puede ser recibida por la DGII de manera digital. Esto facilita los procesos de control y reduce la dependencia de documentos físicos.
Para las empresas, el cambio también puede representar menos costos asociados al papel, impresión y almacenamiento, además de una mayor automatización de procesos administrativos.
La propia DGII identifica entre los beneficios de la facturación electrónica la facilitación del cumplimiento tributario, la estandarización de las relaciones entre empresas, la reducción de costos de papel e impresión, una mayor seguridad de la información y la disminución del riesgo de pérdida de documentos.
Pero el cambio también exige adaptación. Las empresas que hasta ahora dependían de procesos manuales tendrán que incorporar herramientas tecnológicas y modificar rutinas que durante años formaron parte de su operación cotidiana.
Fuente: Panorama
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