Santo Domingo Este.– Tres ex empleados del Ayuntamiento de Santo Domingo Este, que figuran entre los primeros cancelados por el alcalde Dioris Astacio al asumir la administración municipal, interpusieron una demanda contra el cabildo y el propio alcalde, tras años de espera infructuosa para que se les reconocieran sus derechos laborales.
Los demandantes, Diógenes Núñez Veloz, Franklin Bartolo Quezada Pérez y Lucy Esther Castro Frías, denunciaron que fueron desvinculados sin recibir un solo peso de las prestaciones que les correspondían, pese a haber realizado múltiples gestiones ante la administración municipal.
Ante la negativa reiterada del Ayuntamiento y del alcalde de honrar esos compromisos, los ex empleados se vieron obligados a acudir a los tribunales, donde el Tribunal Superior Administrativo (TSA) les dio la razón mediante la sentencia No. 0030-1643-2025-SSEN-00363, dictada el 23 de mayo de 2025, ordenando el pago de los valores adeudados.
Sin embargo, según denuncian, ni siquiera una sentencia judicial fue suficiente. Aseguran que el alcalde Dioris Astacio ha desobedecido el fallo del tribunal, manteniendo el incumplimiento y forzándolos a iniciar un nuevo proceso, esta vez por la vía de la ejecución forzosa.
Como consecuencia, los ex empleados procedieron a embargar las cuentas bancarias del Ayuntamiento de Santo Domingo Este en entidades como Banreservas, Banco Popular, BHD León y la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, así como las cuentas personales del propio alcalde, en un hecho que eleva la gravedad política e institucional del conflicto.
La demanda incluye, además, una astreinte de RD$10,000 diarios por cada día de retraso en el cumplimiento de la sentencia, así como el pago de costas y honorarios legales, al tiempo que solicita al tribunal declarar válido el embargo y ordenar el pago inmediato.
El caso será conocido por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de Santo Domingo Este, mientras crece la controversia sobre una gestión municipal que, según los demandantes, ni cumple con la ley laboral ni acata las decisiones de los tribunales.
Fuente: Ciudad Oriental
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