Departamento de Estado
La corrupción del Gobierno, del Poder Judicial y la falta de aplicación de las leyes, forman parte de las principales preocupaciones de los inversionistas estadounidenses en la República Dominicana, tras limitarlos de tener «inversiones exitosas».
Así lo destaca el informe “Declaraciones sobre el clima de inversión de 2022: República Dominicana”, presentado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, el cual destaca que las empresas estadounidenses que operan en el país a menudo necesitan tomar amplias medidas para garantizar el cumplimiento de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.
“Muchas empresas e inversionistas estadounidenses han expresado su preocupación de que la corrupción en el gobierno, incluso en el poder judicial, continúa limitando las inversiones exitosas en la República Dominicana”, dice el informe.
De acuerdo con el documento, los inversionistas extranjeros reportan numerosos problemas sistémicos en la República Dominicana y citan la falta de reglas claras y estandarizadas para competir y la falta de aplicación de las reglas existentes.
Las quejas incluyen percepciones de corrupción generalizada tanto a nivel nacional como local de gobierno; retrasos en los pagos del gobierno; débil aplicación de los derechos de propiedad intelectual; obstáculos burocráticos; procesos judiciales y administrativos lentos ya veces localmente sesgados, y procedimientos no estándar en valoración aduanera y clasificación de importaciones.
El Departamento de Estados de los EE. UU, considera que las leyes débiles de tenencia de la tierra y la interferencia con los derechos de propiedad privada continúan siendo un problema. “El público percibe que la toma de decisiones administrativas y judiciales es inconsistente, opaca y requiere demasiado tiempo”.
Inversión Extranjera Directa
No obstante, el organismo estadounidense destaca que la Inversión Extranjera Directa (IED) juega un papel importante para la economía dominicana, y el país es uno de los principales receptores de IED en el Caribe y Centroamérica.
El informe precisa que el gobierno busca activamente la IED con generosas exenciones fiscales y otros incentivos para atraer empresas al país.
«Históricamente, los sectores de turismo, inmobiliario, telecomunicaciones, zonas francas, minería y financiamiento son los principales receptores de IED«, indica el documento.
Además de los incentivos financieros, la membresía del país en el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica-República Dominicana (CAFTA-DR) es una de las mayores ventajas para los inversionistas extranjeros.
Los observadores atribuyen al acuerdo el aumento de la competencia, el fortalecimiento del estado de derecho y la expansión del acceso a productos de calidad en la República Dominicana.
“Estados Unidos sigue siendo el mayor inversionista individual en la República Dominicana. CAFTA-DR incluye protecciones para los inversionistas extranjeros de los estados miembros, incluidos mecanismos para la resolución de disputas”, expresa el informe.
Esfuerzo del presidente
No obstante, el Departamento de Estados reconoce el esfuerzo concertado del presidente Luis Abinader, en su primer año de gobierno, al abordar los problemas de corrupción y transparencia que son un tema central para la prosperidad social, económica y política, incluida la independencia de los fiscales, la tan esperada electricidad la reforma del sector y la habilitación de la institución suprema de auditoría, la Cámara de Cuentas.
Asimismo, ha prometido más trabajo en repetidas ocasiones, pero la aprobación sigue siendo incierta, ya que cada medida aún está sujeta a procesos administrativos o legislativos, incluida la aprobación de una nueva legislación de contratación pública, la aprobación de un proyecto de ley de decomiso de bienes civiles, la ley para la reforma de la gestión de bienes del gobierno, y una moderna ley de inversión extranjera.
Según el informe, la República Dominicana es un país de ingresos medios altos, ha sido la economía de más rápido crecimiento en América Latina durante los últimos 50 años, según datos del Banco Mundial. Creció un 12,3 % en 2021, un 4,7 % en comparación con 2019 (prepandemia).Los ingresos tributarios fueron 12,7 % superiores a lo estipulado en el Presupuesto Inicial para 2021; aunado a la disciplina presupuestaria, el gobierno cerró su déficit a 2,7 por ciento del PIB.
Sin embargo, la inflación al cierre de 2021 fue de 8,50 %, el doble de la meta de 4,0 % ±1,0.
En el reporte, dice que a pesar de los esfuerzos del gobierno para reducir el gasto público y aumentar los ingresos, en ausencia de una reforma fiscal significativa, la deuda pública siguió creciendo en 2021, alcanzando los $ 47.700 millones a fines de noviembre de 2021 (si se suma la deuda con el Banco Central, la deuda pública alcanzó los $62.040 millones ), y un servicio total de la deuda de $5.9 mil millones, lo que resultó en una disminución de la relación deuda/PIB, pero un aumento en el valor total de la deuda pública.
“El gobierno continúa aplicando grandes subsidios a diferentes sectores de la economía como el sector eléctrico y los hidrocarburos. En 2021, el gobierno destinó $1.030 millones al subsidio a las Empresas Distribuidoras de Energía Eléctrica (EDE) y $266,9 millones directamente al combustible”, dice el Departamento