Redaccionando Justicia. Han pasado meses desde que la Operación Cobra colocó al Seguro Nacional de Salud (Senasa) en el centro de una de las investigaciones por presunta corrupción de mayor impacto de los últimos tiempos. Han pasado audiencias, revisiones de medidas de coerción, imputados enviados a prisión preventiva, otros beneficiados con arresto domiciliario y una investigación que, según el Ministerio Público, ha seguido ampliándose.
Pero la acusación formal todavía no ha llegado. Este martes, el Ministerio Público solicitó cuatro meses adicionales para concluir la investigación y presentar la acusación contra el exdirector de Senasa, Santiago Hazim, y otros nueve imputados por la presunta estafa millonaria contra el Estado dominicano.
La petición fue depositada ante la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, por el titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, y la procuradora adjunta y titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Mirna Ortiz.
Ahora la solicitud deberá ser conocida por el juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quien tendrá que notificar a las partes y fijar la audiencia para decidir si concede o no el tiempo adicional solicitado.
¿Por qué todavía no hay acusación?
La respuesta está, en parte, en la complejidad que el propio Ministerio Público atribuye al expediente. La investigación de la Operación Cobra no se limita a un hecho puntual. De acuerdo con la acusación provisional presentada hasta ahora, se trata de una presunta estructura que habría operado durante varios años dentro del sistema público de salud, utilizando autorizaciones irregulares de servicios médicos, sobornos y otras maniobras que habrían provocado pérdidas millonarias al Estado.
El Ministerio Público ha situado inicialmente el supuesto fraude por encima de los 15,000 millones de pesos, aunque posteriormente ha manejado una cifra superior a los 19,000 millones. A esto se suma el número de personas investigadas, la cantidad de documentos y operaciones que deben ser analizados y la posibilidad de que el expediente continúe incorporando nuevos elementos.
Un expediente que sigue abierto
El pedido llega apenas días después de que el juez Deiby Timoteo ratificara la prisión preventiva contra Hazim y otros cinco imputados, al considerar que no habían cambiado las circunstancias que dieron origen a la medida. Hazim, Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones y Francisco Iván Minaya Pérez permanecen en prisión preventiva, mientras que Ada Ledesma Ubiera cumple arresto domiciliario por razones de salud.
También están vinculados al expediente Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes enfrentan otras medidas de coerción. En el proceso figura además Ángel Luis Guzmán Vásquez, quien cumple prisión preventiva y, según el Ministerio Público, estaría relacionado con autorizaciones irregulares de procedimientos y consultas médicas.
La investigación, sin embargo, no ha sido presentada por el órgano acusador como un caso cerrado. Por el contrario, el Ministerio Público ha reiterado que todavía existen personas físicas y jurídicas bajo investigación.
Fuente: Panorama
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